martes, 25 de febrero de 2014

Juez envía a China 48 preguntas para Hu Jintao sobre 

 la represión en Tíbet.


Madrid, 24 feb (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha enviado a las autoridades judiciales de China una lista de 48 preguntas para el ex presidente Hu Jintao sobre su posible responsabilidad en la represión ejercida por el gobierno chino en la región del Tíbet.

El juez investiga una ampliación de querella por genocidio admitida a trámite el pasado 10 de octubre contra Hu Jintao, presidente de China entre 2004 y 2013, secretario del Partido Comunista Chino en el Tíbet entre 1988 y 1992 y máxima autoridad del Ejército Popular de Liberación como presidente de la Comisión Central Militar de 2005 a 2013.

En una providencia, el juez pidió el pasado 8 de junio, vía comisión rogatoria, que se notificara la ampliación de la querella a Hu Jintao y se le tomara declaración para que conteste a las 48 preguntas enviadas por los querellantes, aunque China aún no ha contestado a su requerimiento, han informado a Efe fuentes jurídicas.

El magistrado investiga este caso en virtud al principio de justicia universal cuya restricción debatirá el Congreso la próxima semana de manera que este y otras causas que se instruyen en la Audiencia Nacional podrían archivarse.

El pliego de preguntas de los querellantes -el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y un lama de nacionalidad española- abarca acontecimientos ocurridos en el Tíbet desde 1988.

Las 48 preguntas tratan sobre las supuestas lesiones, torturas, abortos, esterilizaciones y asesinatos de tibetanos a manos de las fuerzas del orden chinas cuando Hu Jintao estaba en el poder.

"¿Tenía conocimiento puntual y exacto de cuantos acontecimientos se sucedían en el Tíbet en su condición de presidente y secretario del Partido Comunista Chino?", es una de las cuestiones que le plantean las acusaciones de forma genérica, aunque muchas otras se refieren a acontecimientos puntuales.
Así, se inquiere al expresidente si ordenó el 7 de marzo de 1989, siendo secretario del Partido Comunista en el Tíbet, la ejecución de la ley marcial en la región tras tres días de manifestaciones en capital, Lhasa, que fueron reprimidas por la Policía Armada Popular con la muerte de varios manifestantes.

"¿Tuvo conocimiento que como consecuencia de la represión del ejército y la policía, ordenada por esa campaña y ley, durante estos días fueron asesinados 450 tibetanos, 700 fueron heridos, 350 desaparecidos y más de 3.000 detenidos?", reza otra de las cuestiones.

En el pliego también se pregunta al expresidente chino si "dio libertad a la policía y a los funcionarios de las prisiones para que torturaran a los manifestantes detenidos" y si tenía conocimiento de la existencia de torturas en centros de detención como Gutsa o en cárceles del Tíbet como la de Drapchi, en Lhasa, que causaron la muerte de centenares de presos.

"¿Tales hechos fueron consecuencia de la política de la campaña contra el divisionismo ordenada por usted?", le interpelan las acusaciones.

También se le inquiere si tenía conocimiento de los abortos y esterilizaciones a los que supuestamente fueron sometidas mujeres tibetanas, cuando al mismo tiempo se alentaba a la población china a trasladarse a la región.

Las acusaciones preguntan a Hu Jintao si participó en 1994 en el III Foro del Trabajo sobre el Tíbet celebrado en Pekín, en el que se concretó que quien mostrase adhesión al Dalai Lama "era un enemigo, que sería suprimido con motivo de 'la lucha contra el divisionismo'", según el pliego.

"¿Se decretó en aquella reunión del III Foro que todo aquel religioso budista tibetano que se le encontrara seguidor de su máximo líder espiritual, el Dalai Lama, fuera detenido por cometer un crimen contrarrevolucionario?", añaden las acusaciones en otra cuestión.

Las últimas van dirigidas a desentrañar sus facultades máximo mandatario del Ejército de Liberación Popular y, en este sentido, se le inquiere si podía dar órdenes a los cargos superiores de la Policía Armada Popular y del Ejército en el Tíbet.

"¿Usted como máxima autoridad militar ordenó al Ejército de Liberación Popular que patrullaran las líneas fronterizas entre Tíbet y Nepal e India y que todo aquel que tratara escapar del país hacia el exilio fuera detenido y torturado?", se le interroga en este sentido.

Moreno investiga dentro de esta querella a otros cinco exdirigentes chinos, entre ellos otro expresidente, Jiang Zemin, para quienes el juez ha dictado una orden internacional de detención.

En ese caso se llevó a cabo el mismo procedimiento y se remitió a China un pliego de preguntas de la acusación, pero las autoridades de ese país no reconocieron la competencia de la Audiencia Nacional. Por ello, las acusaciones solicitaron la orden de detención contra los ex dirigentes.

Pepito Grillo Buxadera.- A simple vista parece que "ya todo el pescado este vendido" y más para Hu Jintao que se incorporó a las querellas solo cuando se le acabó la inmunidad diplomática, pues cuando fueron estas interpuestas era Presidente en funciones.

Según Esteve Moltó, él ha sido el más sanguinario de todos los procesados, incluso se cree que él mostró una especial mano dura, como una manera de auparse a un poder muy sensible con el rodillo que se aplicaba en el Tíbet.

China no contestará pero se han practicado todos los pasos legales. Algún día quizás lejano, estos fallos que ahora se anularan, renacerán al amparo de los recursos de in constitucionalidad que se presentaran por parte de la acusación particular y de 50 diputados que van a recurrir la reforma que dentro de pocos días entrará en vigor.

domingo, 23 de febrero de 2014

Su Santidad el Dalai Lama se reunió con el Presidente Barack Obama


Tibet.net

WASHINGTON, DC. 21 de febrero de 2014: Su Santidad el Dalai Lama se reunió con el presidente Obama esta mañana en la Casa Blanca. Esta fue la tercera reunión entre el líder espiritual tibetano y el presidente norteamericano. Las dos reuniones previas, también en la Casa Blanca, tuvieron lugar el 18 de febrero de 2010 y el 16 de julio de 2011.

En casi una hora de reunión, Su Santidad compartió su compromiso básico relativo a la promoción de los valores humanos, fomentando el diálogo interreligioso y la preservación de la cultura única y la rica tradición tibetanas. Los dos líderes también discutieron asuntos relacionados con la moral y el liderazgo, y cómo se puede producir una nueva generación de líderes del siglo 21.

El presidente Obama dijo que era un honor reunirse con Su Santidad una vez más. Reiteró su apoyo a la preservación de las tradiciones religiosas, culturales y lingüísticas únicas del Tíbet. El Presidente extendió su apoyo al Enfoque de la Vía del Medio de Su Santidad y reiteró que el gobierno chino debería tener un diálogo constructivo con los representantes de Su Santidad sin ninguna precondición. El presidente Obama le preguntó a Su Santidad el Dalai Lama sobre el Tíbet y Su Santidad le explicó la situación actual. El presidente Obama expresó su profunda preocupación sobre el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en el Tíbet y las áreas tibetanas de China.

El Honorable Sykiong, Dr.Lobsang Sangay se alegró por la reunión de Su Santidad con el presidente Obama. “Celebro el firme respaldo del presidente Obama a la política del Enfoque de la Vía del Medio y a un diálogo constructivo sin precondiciones. Esta reunión envía un poderoso mensaje de esperanza a los tibetanos de Tíbet, quienes están padeciendo un sufrimiento inmenso. La reunión refleja el compromiso continuo del gobierno norteamericano y su pueblo con la libertad y la democracia” dijo el Sykiong.- 

ESPAÑA: JUSTICIA UNIVERSAL SOBRE GENOCIDIO EN EL TÍBET


En el año 2005, el abogado y profesor de la Universidad de Valencia, José Elías Esteve presentó ante la Audiencia Española, una querella contra siete dirigentes del gobierno chino por delitos de lesa humanidad, entre ellos el ex presidente Jiang Zemin y el por entonces presidente en ejercicio, Hu Jintao. Lo hizo basándose en acusaciones del Comité de Apoyo al Tíbet y de la Fundación Casa del Tíbet ambas con sede en Barcelona. Concretamente, Thubten Wangchen, tibetano de nacimiento y ciudadano español, quien preside la Fundación mencionada, fue el principal acusador.

Las acciones legales se llevaron a cabo en el marco de la justicia universal, principio que trata de evitar los crímenes cometidos contra la humanidad, haciendo posible para ello que el tribunal de cualquier país esté en condiciones de juzgar los crímenes cometidos en cualquier otro, ya sea contra ciudadanos o grupos nacionales o extranjeros.

Ante un primer rechazo del tribunal español y una subsecuente apelación, la querella fue finalmente admitida en 2006.

En la admisión de la querella, la Sala de lo Penal de la Audiencia española, prestó especial atención a los repetidos intentos de las Naciones Unidas por buscar una solución para el Tíbet. Así, se tomó en cuenta la resolución de la ONU de 1961, que reconocía el derecho a la autodeterminación del pueblo tibetano, pese a lo cual no cesaron ni el sometimiento ni las prácticas genocidas, lo que motivó una nueva resolución en 1965, ante la desesperada situación que atravesaba el Tíbet. A estas resoluciones se suman denuncias y pronunciamientos hechos por distintos gobiernos y parlamentos del mundo en las décadas siguientes y hasta el presente, todo lo cual llevó a la Sala a deducir que los hechos denunciados podían ser constitutivos de genocidio.

A partir de entonces, varios fueron los testigos que presentaron su testimonio ante la Audiencia, entre ellos el monje tibetano Palden Gyatso, que pasó 33 años en cárceles chinas y sufrió todo tipo de torturas, y el médico Blake Kerr, testigo directo de la represión china de 1987, cuyo grado de crueldad lo motivó a volver al Tíbet a recoger información y documentos gráficos sobre esterilizaciones forzadas e infanticidios entre otras atrocidades. El juez de la causa aceptó toda la documentación por él aportada.

Desde el primer momento y a lo largo de todo el proceso, el gobierno chino mostró su profundo malestar por la actuación de la justicia española y comenzó a presionar a su par español para que tomara cartas en el asunto y desactivará las investigaciones en curso, mostrando su desconocimiento de la separación de poderes. La primera medida fue llamar al embajador español en Beijing para recriminar la injerencia de la justicia española en asuntos internos de China.

En 2009, los legisladores de los dos partidos mayoritarios de España, votaron una reforma a la jurisdicción universal que determinó que para que pudiera llevarse adelante un juicio de tales características, los responsables debían encontrarse en España, o ser de ciudadanía española las víctimas, o tener algún vínculo de conexión relevante con España. Si el juicio contra los dirigentes chinos pudo seguir adelante, fue porque el referido Thubten Wangchen ostenta la ciudadanía española.

En octubre de 2013, la Sala de lo Penal de la Audiencia Española imputó al expresidente chino, Hu Jintao “como presunto responsable del genocidio perpetrado por el Gobierno comunista en el Tíbet durante los años 80 y 90”. En noviembre de 2013 los imputados fueron Jiang Zemin, el ex premier, Li Peng y otros cinco dirigentes chinos.

En los primeros días de febrero de 2014 se dictó por parte del juez español Ismael Moreno, orden de búsqueda y captura contra los dirigentes chinos. El magistrado decretó la “prisión provisional, comunicada, incondicional y sin fianza” y pidió a la Interpol que realizara “gestiones encaminadas para la busca y captura e ingreso en prisión” de los aludidos dirigentes chinos.

El gobierno chino exigió al gobierno español que solucionara esta situación de inmediato. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino manifestó que la decisión de la Audiencia era errónea y que se esperaba un manejo apropiado del asunto por parte de España para mantener las buenas relaciones entre ambos países.

Un día después de la orden dictada por el juez Moreno contra Zemin y otros, los diputados españoles del Partido Popular votaron una reforma a la jurisdicción universal que implica que el damnificado deba tener la ciudadanía española al momento de producirse los hechos, lo que hace que la denuncia de Wangchen–quien adquirió la ciudadanía con posterioridad- carezca de validez. Además se añadió la posibilidad de que los casos abiertos puedan ser sobreseídos.

La oposición política, miembros de la judicatura y medios de comunicación españoles, así como organizaciones defensoras de los derechos humanos en todo el mundo han levantado su voz en contra de la reforma.-

miércoles, 19 de febrero de 2014


Genocidio contra la justicia universal



Pepito Grillo Buxadera




    

       El método estrangulador y casi clandestino del PP vulnera el derecho internacional y la Constitución.

José Couso estaba hospedado en el Hotel Palestina de Bagdad, en calles cercanas ha este hotel un tanque iba a hacer fuego y Couso estaba en la séptima planta con su tele objetivo listo para fotografiar, el tanque lanzo un obús hacia las plantas superiores del Hotel y después abatió sus objetivos a pie de calle, José Couso murió al instante, en la reforma prevista uno de los predicados principales y básicos es que las victimas sean Españolas en el momento que se cometió el delito, los nacionalizados no entrarían en caso de que nacionalidad fuera posterior a los hechos en litigio. José Couso no cumple los requisitos con la nueva reforma en la mano. Ni que decir tiene que Couso era un ciudadano Español.

Los que mandaron disparar a la prensa internacional antes de abrir fuego en la calle, para evitar testigos de lo que iban a hacer, pueden venir a SPAIN de vacaciones que nadie les importunará, mientras que la familia de Couso, no sera indemnizada, ni se perseguirán a sus asesinos. Wikileaks público los mails enviados por el pentágono al ejecutivo de Zapatero "exigiendo" la total anulación de este juicio. 

La proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular aprobada esta semana por el Congreso que pretende dificultar en grado superlativo, si no eliminar, la jurisdicción universal debe sonar a música celestial en los oídos de los responsables de los más graves crímenes internacionales.

Este principio ha posibilitado, hasta la fecha, la investigación y enjuiciamiento en España de horrendos crímenes, como el genocidio o crímenes de guerra, cometidos en otros países. Fue la comunidad internacional la que decidió, después de los horrores de la segunda guerra mundial, que estos crímenes, por su especial gravedad, jamás podrían quedar impunes y deberían ser perseguidos por los estados con independencia del lugar donde se cometieron y de la nacionalidad de víctimas y victimarios. Los Juicios de Nuremberg fueron pioneros en perseguir estas aberraciones humanas.

Los derroteros legislativos españoles circulan en sentido contrario al derecho internacional. Si los jueces españoles fueron pioneros y buen ejemplo de ello fue la persecución de Pinochet y otros acusados de crímenes contra la humanidad, la posibilidad de que Tribunales Españoles juzguen a esos sujetos se ha ido reduciendo en los últimos años hasta ser tan estrecha como el ojo de una aguja. Esta perniciosa proposición de ley, que debe ser retirada, es la guinda de este desarrollo. Es inadmisible que los gobernantes de España vendan, una vez más, la obligada protección judicial de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas por intereses políticos y económicos con China.

La proposición inventa nuevos requisitos para evitar el enjuiciamiento de estos grandes criminales, como que el responsable del delito sea español o, si es extranjero, que se encuentre en España. De acuerdo con nuestra Constitución, los tratados internacionales no pueden ser modificados por una ley. Dice el refrán que donde hay patrón no manda marinero. Si los patrones (estados) llegan a un acuerdo, los marineros (legisladores) no pueden modificar los anteriores. Si para que un Estado pueda perseguir un delito, un tratado exige determinados requisitos, la ley, como ahora se pretende con la proposición, no puede exigir otros adicionales, porque está modificando el tratado con la finalidad de restringir la jurisdicción universal. Este método estrangulador vulnera el derecho internacional y la Constitución.

Igualmente, es contrario a nuestra Constitución y al Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, intolerable que se pretenda archivar los procesos que se encuentran en tramitación judicial hasta que se verifique la concurrencia de los novedosos requisitos. El sentido común y el respeto a la tutela judicial exigen lo contrario. El Tribunal Constitucional es claro: el derecho a la tutela judicial efectiva impide que una ley pueda inmiscuirse en un proceso judicial en marcha. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado que el principio de la defensa de los Derechos Humanos debe prevalecer por encima de cualquier otro concepto y lo más importante: la injerencia del poder legislativo en la administración de la justicia no puede por concepto alguno influir en el desenlace judicial de cualquier litigio.

La ocurrencia de impedir ejercitar la acusación popular para que se persigan estos delitos desconoce que dicha acción popular goza igualmente de protección constitucional y que, como se ha demostrado, las honestas acusaciones populares han desempeñado un papel decisivo para el enjuiciamiento de estos casos. Lo que subyace es el control de la acción penal por el Gobierno de turno.

Por otro lado, parece que se distingue entre víctimas de primera y de segunda categoría. No se alcanza a comprender, por ejemplo, por qué para perseguir el terrorismo es requisito suficiente ser víctima española, mientras que para el genocidio o crimen de guerra ser víctima española impediría el enjuiciamiento salvo que concurrieran otros requisitos adicionales.

Sera por que el terrorismo amenaza potencialmente a los gobiernos y entonces son flexibles de criterios a la hora de requerir requisitos a modo de auto protección, mientras que los crímenes internacionales ocurren en otras partes del globo y al no afectarles directamente dificultan en lo posible su persecución a modo de evitar futuros conflictos diplomáticos.

La reforma pretendida, con independencia de la deplorable técnica legislativa que preside su redacción y su casi clandestina tramitación, es contraria a nuestra Constitución y al derecho internacional, y muy especialmente al derecho internacional de los derechos humanos. Ignora deliberadamente que la comunidad internacional que se ha comprometido en la persecución de los más graves crímenes internacionales y que la naturaleza de la mayor parte de estos crímenes obliga o permite la persecución universal.

miércoles, 12 de febrero de 2014

El Tíbet ante la justicia universal: crónica de una impunidad anunciada

http://elpais.com/

Un gran dilema puede plantearse a partir de hoy por parte de los pueblos oprimidos como el tibetano, el saharaui, el palestino y tantos otros que no han encontrado justicia ni en su tierra


Hace ahora casi nueve años,  victimas tibetanas acudieron personalmente a buscar justicia ante los tribunales españoles, y a través de la acción popular ejercida por el Comité de Apoyo al Tibet (CAT) y secundada por la Fundación Casa Tíbet, junto con la acusación particular del tibetano con nacionalidad española, Thubten Wangchen, presentaron una insólita querella acusando a la cúpula del Partido Comunista Chino decometer crímenes internacionales (genocidio, tortura, crímenes contra la humanidad y terrorismo de Estado) contra la población tibetana.
Se acudía a la jurisdicción española, no con el ánimo de desgastar la acción judicial en nuestro país, sino con el desesperado propósito de buscar una reparación que no se podía, ni todavía se puede encontrar ni ante los tribunales chinos, ni ante un Tribunal Penal Internacional cuyo Estatuto de Roma no ha ratificado el gigante asiático. Esta es precisamente la virtud de la justicia universal, que enmienda las lagunas del sistema y permite a las víctimas acudir a otros tribunales al no encontrar justicia en su propio país. El propósito debiera resultar incuestionable: luchar contra la impunidad allí donde se pueda; ya sea ante los tribunales argentinos donde han acudido las víctimas del franquismo, ante los tribunales alemanes o franceses para denunciar al anterior Secretario de Estado norteamericano, Donald Rumsfeld, por los crímenes cometidos en su particular lucha contra el terrorismo internacional o ante los tribunales sudafricanos para perseguir los atropellos de la dictadura de Zimbawe.
Suponían las víctimas tibetanas que aquellos Estados que eran parte de Convenciones como las de Ginebra, del genocidio, tortura, desapariciones forzadas, etc., estaban obligadas a prevenir y sancionar dichos crímenes internacionales que ofenden a toda la comunidad internacional en su conjunto. Y así fue en un principio. Consecuentemente la Audiencia Nacional con este espíritu dictaminó mediante auto de 10 de enero de 2006 que los tribunales españoles tenían la plena competencia para investigar los hechos genocidas denunciados. Baste únicamente recordar que según los informes recopilados por el Gobierno Tibetano en el Exilio, más de un millón de tibetanos han muerto como consecuencia directa del acto de agresión y ocupación militar del Tíbet. Curiosa manera de “liberar pacíficamente” un pueblo sometido al yugo feudal.
Desde la apertura de las diligencias previas decenas de víctimas tibetanas, testigos directos y expertos internacionales durante años fueron prestando su testimonio ante la Audiencia Nacional, ratificando y probando los hechos denunciados. Y todo ello a pesar de las presiones de los voceros del régimen de Beijing que de forma reiterada declaraban públicamente que esta iniciativa legal resultaba ser una “completa difamación y absoluta mentira”, además de incurrir en una inadmisible injerencia en sus asuntos internos.
A pesar de estas constantes presiones diplomáticas y políticas y de una primera reforma de la jurisdicción universal en España en el 2009, el caso del genocidio tibetano continuó investigándose en la Audiencia Nacional. Ahora bien, las últimas decisiones judiciales del pasado otoño ampliando las acusaciones hasta el máximo mandatario mandarín, Hu Jintao, y el decreto de las ordenes de arresto internacional contra parte de la antigua cúpula del Politburó (que ayer 10 de febrero se hicieron efectivas pese a las iniciales reticencias del fiscal y del juez instructor) provocaron la reacción definitiva del Imperio Medio. Por un lado Zhu Weiqun, presidente del comité de asuntos religiosos y étnicos de China, espetó con aires chulescos refiriéndose al poder judicial español: "Que vayan adelante si se atreven"; mientras que entre otros, Wu Jingjie, diputado del Congreso Nacional y vice-secretario de la Región Autonoma que encabezaba una misión china ante el Congreso de los Diputados, exigia en Madrid con desparpajo a nuestros dirigentes, una “solución política inmediata y definitiva”.
Y así ha sido, el Gobierno del Partido Popular a través de esta nueva reforma de la justicia universal tramitada de forma insólita por vía urgente, no ha dudado en prostrar a la democracia española ante las pretensiones de unos líderes presuntamente “comunistas”, acusados de genocidio y de poseer cuentas millonarias en paraísos fiscales.
El veredicto político ante la disyuntiva en escena ha sido claro y los argumentos han sido incontestables: el 20% de la deuda pública española y las inversiones millonarias de las empresas transnacionales que representan los grandes intereses de nuestra Marca España han pesado más que la defensa de los derechos humanos. Y siendo así, a la crisis económica, ahora le añadimos la ruin miseria de haber entregado nuestros valores y principios que debieran ser los cimientos del contrato social de nuestras democracias.
Un gran dilema puede plantearse a partir de hoy por parte de los pueblos oprimidos como el tibetano, el saharaui, el palestino y tantos otros que no han encontrado justicia ni en su propia tierra, ni en ningún sistema de protección de las Naciones Unidas, ni en tribunal internacional alguno, y ahora se les niega la última puerta que es el de la justicia universal, cuyos casos serán archivados al no encontrarse los acusados en territorio nacional; siendo ellos conscientes que han agotado todas las vías pacíficas, ajustadas a la legalidad internacional, y lo único que han encontrado es la garantía efectiva de la impunidad de sus verdugos, ¿qué mensaje y qué salida se les está dando desde estas supuestas democracias occidentales y organizaciones internacionales?

José Elías Esteve Moltó es profesor de Derecho Internacional Público y secretario del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València. Es el redactor e investigador de las querellas del Tíbet presentadas en la Audiencia Nacional.

EL DÍA QUE EL GENOCIDIO DEL TÍBET EMPEZÓ A SER PERSEGUIDO Y RECONOCIDO.
10 DE FEBRERO 2014.


Ayer la noticia saltaba a todos los rotativos y daba la vuelta al mundo con la rapidez de la pólvora. La audiencia Nacional de España emite ordenes de busca y captura internacionales contra el ex presidente Jiang Zeming y su secuaz Li Peng.

Había aparecido algunas veces la noticia de que el Juez Moreno lo iba a hacer, yo me resistí a creerlo. La confirmación me vino de Dharamshala, allí saltaban de alegría. Los noticiarios televisivos abrieron el bloque internacional con esta noticia.

Fue un día de jubilo, de muchas lagrimas de alegría, de muchos mensajes de todos los rincones del mundo, preguntado si se podía confirmar la feliz noticia, de felicitar a los responsables querellantes, testigos, letrados y querer compartir con ellos un día histórico en la lucha por el pueblo tibetano.

Hoy es un día para las victimas y también para los que apoyamos la causa tibetana y hemos luchado contra la mas brutal y sangrienta invasión que ha conocido la humanidad.

Las ordenes de busca y captura internacionales significan mucho para todos nosotros, en diferentes partes del mundo sonó el nombre de Jiang Zemin y Li Peng como genocidas y los coloco en la galería de los personajes más siniestros y abominables que avergüenzan a toda la raza humana. 

No hay días buenos para la resistencia y si muchos pesares, inmolaciones, arrestos injustos y muertes, nadie nos va a arrebatar hoy nuestra gran alegría.

Hoy será un gran día para Palden Gyatso, Alan Cantos, Takna Jigme Zangpo, Blake Kerr, Bagdro, Thubten Wangchen, José Elías Esteve, Kate Saunders, Tash Despa, Ngawang Sangdrol, y los familiares y afectados y una lista de interminables activistas de todo el mundo. 

No quiero que nada me quite una mínima parte de la felicidad que hoy siento, no quiero pensar en que vendrán reformas de ley, ni barajar puntos de vista o estrategias, hoy no toca hablar de fríos datos, hoy es nuestro día de gloria y es el segundo que yo he conocido, el primero fue cuando la Audiencia emitió sus veredictos de culpabilidad.

El 10 de Febrero del 2014 se hizo justicia y se pronuncio en todo el mundo la palabra GENOCIDIO, seguro que ya no le temeremos más a emplear este termino y lo podemos emplear si nos dirigimos a las autoridades Chinas que tanto critican y temen al Dalai Lama que fue laureado con el Nobel de la Paz y que no ha matado a nadie, mientras que China ha sido condenada públicamente por crímenes contra la Humanidad y Genocidio.

A todos los niños del Tíbet un fuerte mensaje de esperanza para ellos. hoy se ha puesto una piedra más para que empiece el futuro.

pepito grillo.-Foto: EL DÍA QUE EL GENOCIDIO DEL TÍBET EMPEZÓ A SER PERSEGUIDO Y RECONOCIDO.
10 DE FEBRERO 2014.

Ayer la noticia saltaba a todos los rotativos y daba la vuelta al mundo con la rapidez de la pólvora. La audiencia Nacional de España emite ordenes de busca y captura internacionales contra el ex presidente Jiang Zeming y su secuaz Li Peng.

Había aparecido algunas veces la noticia de que el Juez Moreno lo iba a hacer, yo me resistí a creerlo. La confirmación me vino de Dharamshala, allí saltaban de alegría. Los noticiarios televisivos abrieron el bloque internacional con esta noticia.

Fue un día de jubilo, de muchas lagrimas de alegría, de muchos mensajes de todos los rincones del mundo, preguntado si se podía confirmar la feliz noticia, de felicitar a los responsables querellantes, testigos, letrados y querer compartir con ellos un día histórico en la lucha por el pueblo tibetano.

Hoy es un día para las victimas y también para los que apoyamos la causa tibetana y hemos luchado contra la mas brutal y sangrienta invasión que ha conocido la humanidad.

Las ordenes de busca y captura internacionales significan mucho para todos nosotros, en diferentes partes del mundo sonó el nombre de Jiang Zemin y Li Peng como genocidas y los coloco en la galería de los personajes más siniestros y abominables que avergüenzan a toda la raza humana. 

No hay días buenos para la resistencia y si muchos pesares, inmolaciones, arrestos injustos y muertes, nadie nos va a arrebatar hoy nuestra gran alegría.

Hoy será un gran día para Palden Gyatso, Alan Cantos, Takna Jigme Zangpo, Blake Kerr, Bagdro, Thubten Wangchen, José Elías Esteve, Kate Saunders, Tash Despa, Ngawang Sangdrol, y los familiares y afectados y una lista de interminables activistas de todo el mundo. 

No quiero que nada me quite una mínima parte de la felicidad que hoy siento, no quiero pensar en que vendrán reformas de ley, ni barajar puntos de vista o estrategias, hoy no toca hablar de fríos datos, hoy es nuestro día de gloria y es el segundo que yo he conocido, el primero fue cuando la Audiencia emitió sus veredictos de culpabilidad.

El 10 de Febrero del 2014 se hizo justicia y se pronuncio en todo el mundo la palabra GENOCIDIO, seguro que ya no le temeremos más a emplear este termino y lo podemos emplear si nos dirigimos a las autoridades Chinas que tanto critican y temen al Dalai Lama que fue laureado con el Nobel de la Paz y que no ha matado a nadie, mientras que China ha sido condenada públicamente por crímenes contra la Humanidad y Genocidio.

A todos los niños del Tíbet un fuerte mensaje de esperanza para ellos. hoy se ha puesto una piedra más para que empiece el futuro.

pepito grillo.-

lunes, 10 de febrero de 2014

Juez español resuelve dar cumplimiento a orden de arresto contra Jiang Zemin y Li Peng


Se les acusa por el ataque generalizado y sistemático contra la población tibetana entre finales de los 80 y principios de los 90

El juez español Ismael Moreno ordenó el 6 de febrero que se diera cumplimiento a la orden de arresto del ex líder del Partido Comunista Chino Jiang Zemin y otros cuatro dirigentes por el ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana" entre finales de los 80 y principios de los 90, comunicó la Organización Save Tibet.
Ex líder chino Jiang Zemin, tiene orden de arresto en España.
Entre los  restantes acusados está Li Peng, primer ministro durante la represión en el Tíbet a finales de 1980 y principios de 1990, (y durante la represión en la plaza de Tiananmen).
La decisión del juez Moreno da cumplimiento al auto emitió el pasado 18 de noviembre  por la Audiencia Nacional.

"El tribunal pone en conocimiento de que, basándose en el contenido del informe anterior por el ministerio público en ese día, el proceso se encuentra a su disposición con el fin de proceder a la decisión de la corte de emitir inmediatamente una orden internacional de arresto" contra los cinco líderes chinos, incluyendo a Jiang Zemin, indica la Resolución dictada por la Central de Instrucción del Juzgado de Instrucción n º 2, de la Audiencia Nacional, Madrid, el 18 de noviembre, según cita Save Tibet.

Con este documento se ordenó al juez Moreno que dictara los arrestos en noviembre pasado. Previamente él y la fiscalía se habían manifestado en contra a este criterio. El 20 de enero pasado, incluso esta fiscalía buscó anular la orden de detención, argumentando “fuerte malestar” de representantes chinos, y falta de motivación, pero este miércoles, la magistrada Ángela Murillo rechazó la solicitud, reportó el medio El País.
Ahora un órgano superior, la cuarta Sala de lo Penal, aceptó la demanda de Comité Apoyo al Tibet y forzó la orden de captura.

Moreno emitió las órdenes este jueves después de intensos debates judiciales sobre la forma de proceder, detrás de las escenas en la Audiencia Nacional, informó Save Tibet.

Los otros tres acusados son: Qiao Shi, ex jefe de seguridad de China y responsable de la Policía Armada del Pueblo, durante el período de la ley marcial en el Tíbet a finales de 1980; Chen Kuiyuan, secretario del Partido en la Región Autónoma del Tíbet 1992-2000, conocido por su posición de línea dura contra la religión tibetcxcana y la cultura, y Peng Peiyun, Ministro de Planificación Familiar en la década de 1990.

Analistas se preguntaban si el juez Moreno actuaría antes de que en España se apliquen unas anunciadas reformas judiciales que limitan la jurisdicción universal, argumentada en las causas de Tibet y en las causas  de Falun Gong, que también apuntan contra los líderes chinos, por crímenes de lesa humanidad.

Las reformas serán discutidas en el Parlamento español el próximo martes 11 de febrero. Abogados españoles que llevan la causa del Tibet describieron los movimientos hacia la reforma y la clausura de los casos chinos como un atentado contra la democracia, indicó Save Tibet.

La llamada Ley Orgánica del Poder Judicial reducirá a la mínima expresión la llamada jurisdicción internacional, y la competencia de los jueces españoles de la Audiencia Nacional para investigar delitos de lesa humanidad y otros cometidos fuera del territorio español. Según el medio El País esta limitación llega “después de que el régimen chino se haya mostrado vejado por las actuaciones de los jueces españoles y haya presionado con medidas de carácter comercial y económico al Gobierno de Mariano Rajoy”.

El abogado que llevó por siete años la causa de Tibet, José Elías Esteve,  en declaraciones previas que España es un país democrático, donde “el poder judicial debiera ser independiente del ejecutivo”.

En cambio sobre China describió que "es un país que funciona con diferentes parámetros y donde la separación de poderes no está muy clara; ellos están haciendo estas quejas diplomáticas para tratar de frenar el caso”.

En tanto, el fallo actual significa que seguramente ninguno de los líderes chinos acusados tomará el riesgo de viajar fuera de la República Popular China, ya que podrían ser detenidos para ser interrogados sobre los delitos que se les acusa.

“Es el mismo juzgado quien da la orden a la Interpol, a sus archivos para que aparezcan estos nombres y así puedan ser  detenidos. Eso es ya algo automático y sin marcha atrás”, aclaró el abogado, añadiendo que a ello que "no hay recurso posible alguno y esto no tiene vuelta atrás”.

“Si abandonaran el país y fueran a otro país, que hay muchísimos con los cuales España tiene tratados de cooperación en materia penal, y se pudiera autorizar una extradición, por ejemplo si viajara a un país europeo, cualquiera de estos querellados sería detenido y extraditado a España”, dijo Esteve.
http://www.lagranepoca.com/