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ESPAÑA: JUSTICIA UNIVERSAL SOBRE GENOCIDIO EN EL TÍBET

En el año 2005, el abogado y profesor de la Universidad de Valencia, José Elías Esteve presentó ante la Audiencia Española, una querella contra siete dirigentes del gobierno chino por delitos de lesa humanidad, entre ellos el ex presidente Jiang Zemin y el por entonces presidente en ejercicio, Hu Jintao. Lo hizo basándose en acusaciones del Comité de Apoyo al Tíbet y de la Fundación Casa del Tíbet ambas con sede en Barcelona. Concretamente, Thubten Wangchen, tibetano de nacimiento y ciudadano español, quien preside la Fundación mencionada, fue el principal acusador.

Las acciones legales se llevaron a cabo en el marco de la justicia universal, principio que trata de evitar los crímenes cometidos contra la humanidad, haciendo posible para ello que el tribunal de cualquier país esté en condiciones de juzgar los crímenes cometidos en cualquier otro, ya sea contra ciudadanos o grupos nacionales o extranjeros.

Ante un primer rechazo del tribunal español y una subsecuente apelación, la querella fue finalmente admitida en 2006.

En la admisión de la querella, la Sala de lo Penal de la Audiencia española, prestó especial atención a los repetidos intentos de las Naciones Unidas por buscar una solución para el Tíbet. Así, se tomó en cuenta la resolución de la ONU de 1961, que reconocía el derecho a la autodeterminación del pueblo tibetano, pese a lo cual no cesaron ni el sometimiento ni las prácticas genocidas, lo que motivó una nueva resolución en 1965, ante la desesperada situación que atravesaba el Tíbet. A estas resoluciones se suman denuncias y pronunciamientos hechos por distintos gobiernos y parlamentos del mundo en las décadas siguientes y hasta el presente, todo lo cual llevó a la Sala a deducir que los hechos denunciados podían ser constitutivos de genocidio.

A partir de entonces, varios fueron los testigos que presentaron su testimonio ante la Audiencia, entre ellos el monje tibetano Palden Gyatso, que pasó 33 años en cárceles chinas y sufrió todo tipo de torturas, y el médico Blake Kerr, testigo directo de la represión china de 1987, cuyo grado de crueldad lo motivó a volver al Tíbet a recoger información y documentos gráficos sobre esterilizaciones forzadas e infanticidios entre otras atrocidades. El juez de la causa aceptó toda la documentación por él aportada.

Desde el primer momento y a lo largo de todo el proceso, el gobierno chino mostró su profundo malestar por la actuación de la justicia española y comenzó a presionar a su par español para que tomara cartas en el asunto y desactivará las investigaciones en curso, mostrando su desconocimiento de la separación de poderes. La primera medida fue llamar al embajador español en Beijing para recriminar la injerencia de la justicia española en asuntos internos de China.

En 2009, los legisladores de los dos partidos mayoritarios de España, votaron una reforma a la jurisdicción universal que determinó que para que pudiera llevarse adelante un juicio de tales características, los responsables debían encontrarse en España, o ser de ciudadanía española las víctimas, o tener algún vínculo de conexión relevante con España. Si el juicio contra los dirigentes chinos pudo seguir adelante, fue porque el referido Thubten Wangchen ostenta la ciudadanía española.

En octubre de 2013, la Sala de lo Penal de la Audiencia Española imputó al expresidente chino, Hu Jintao “como presunto responsable del genocidio perpetrado por el Gobierno comunista en el Tíbet durante los años 80 y 90”. En noviembre de 2013 los imputados fueron Jiang Zemin, el ex premier, Li Peng y otros cinco dirigentes chinos.

En los primeros días de febrero de 2014 se dictó por parte del juez español Ismael Moreno, orden de búsqueda y captura contra los dirigentes chinos. El magistrado decretó la “prisión provisional, comunicada, incondicional y sin fianza” y pidió a la Interpol que realizara “gestiones encaminadas para la busca y captura e ingreso en prisión” de los aludidos dirigentes chinos.

El gobierno chino exigió al gobierno español que solucionara esta situación de inmediato. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino manifestó que la decisión de la Audiencia era errónea y que se esperaba un manejo apropiado del asunto por parte de España para mantener las buenas relaciones entre ambos países.

Un día después de la orden dictada por el juez Moreno contra Zemin y otros, los diputados españoles del Partido Popular votaron una reforma a la jurisdicción universal que implica que el damnificado deba tener la ciudadanía española al momento de producirse los hechos, lo que hace que la denuncia de Wangchen–quien adquirió la ciudadanía con posterioridad- carezca de validez. Además se añadió la posibilidad de que los casos abiertos puedan ser sobreseídos.

La oposición política, miembros de la judicatura y medios de comunicación españoles, así como organizaciones defensoras de los derechos humanos en todo el mundo han levantado su voz en contra de la reforma.-