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Juez español resuelve dar cumplimiento a orden de arresto contra Jiang Zemin y Li Peng

Se les acusa por el ataque generalizado y sistemático contra la población tibetana entre finales de los 80 y principios de los 90

El juez español Ismael Moreno ordenó el 6 de febrero que se diera cumplimiento a la orden de arresto del ex líder del Partido Comunista Chino Jiang Zemin y otros cuatro dirigentes por el ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana" entre finales de los 80 y principios de los 90, comunicó la Organización Save Tibet.

Entre los  restantes acusados está Li Peng, primer ministro durante la represión en el Tíbet a finales de 1980 y principios de 1990, (y durante la represión en la plaza de Tiananmen).

La decisión del juez Moreno da cumplimiento al auto emitió el pasado 18 de noviembre  por la Audiencia Nacional.

"El tribunal pone en conocimiento de que, basándose en el contenido del informe anterior por el ministerio público en ese día, el proceso se encuentra a su disposición con el fin de proceder a la decisión de la corte de emitir inmediatamente una orden internacional de arresto" contra los cinco líderes chinos, incluyendo a Jiang Zemin, indica la Resolución dictada por la Central de Instrucción del Juzgado de Instrucción n º 2, de la Audiencia Nacional, Madrid, el 18 de noviembre, según cita Save Tibet.

Con este documento se ordenó al juez Moreno que dictara los arrestos en noviembre pasado. Previamente él y la fiscalía se habían manifestado en contra a este criterio. El 20 de enero pasado, incluso esta fiscalía buscó anular la orden de detención, argumentando “fuerte malestar” de representantes chinos, y falta de motivación, pero este miércoles, la magistrada Ángela Murillo rechazó la solicitud, reportó el medio El País.

Ahora un órgano superior, la cuarta Sala de lo Penal, aceptó la demanda de Comité Apoyo al Tibet y forzó la orden de captura.

Moreno emitió las órdenes este jueves después de intensos debates judiciales sobre la forma de proceder, detrás de las escenas en la Audiencia Nacional, informó Save Tibet.

Los otros tres acusados son: Qiao Shi, ex jefe de seguridad de China y responsable de la Policía Armada del Pueblo, durante el período de la ley marcial en el Tíbet a finales de 1980; Chen Kuiyuan, secretario del Partido en la Región Autónoma del Tíbet 1992-2000, conocido por su posición de línea dura contra la religión tibetcxcana y la cultura, y Peng Peiyun, Ministro de Planificación Familiar en la década de 1990.

Analistas se preguntaban si el juez Moreno actuaría antes de que en España se apliquen unas anunciadas reformas judiciales que limitan la jurisdicción universal, argumentada en las causas de Tibet y en las causas  de Falun Gong, que también apuntan contra los líderes chinos, por crímenes de lesa humanidad.

Las reformas serán discutidas en el Parlamento español el próximo martes 11 de febrero. Abogados españoles que llevan la causa del Tibet describieron los movimientos hacia la reforma y la clausura de los casos chinos como un atentado contra la democracia, indicó Save Tibet.

La llamada Ley Orgánica del Poder Judicial reducirá a la mínima expresión la llamada jurisdicción internacional, y la competencia de los jueces españoles de la Audiencia Nacional para investigar delitos de lesa humanidad y otros cometidos fuera del territorio español. Según el medio El País esta limitación llega “después de que el régimen chino se haya mostrado vejado por las actuaciones de los jueces españoles y haya presionado con medidas de carácter comercial y económico al Gobierno de Mariano Rajoy”.

El abogado que llevó por siete años la causa de Tibet, José Elías Esteve,  en declaraciones previas que España es un país democrático, donde “el poder judicial debiera ser independiente del ejecutivo”.

En cambio sobre China describió que "es un país que funciona con diferentes parámetros y donde la separación de poderes no está muy clara; ellos están haciendo estas quejas diplomáticas para tratar de frenar el caso”.

En tanto, el fallo actual significa que seguramente ninguno de los líderes chinos acusados tomará el riesgo de viajar fuera de la República Popular China, ya que podrían ser detenidos para ser interrogados sobre los delitos que se les acusa.

“Es el mismo juzgado quien da la orden a la Interpol, a sus archivos para que aparezcan estos nombres y así puedan ser  detenidos. Eso es ya algo automático y sin marcha atrás”, aclaró el abogado, añadiendo que a ello que "no hay recurso posible alguno y esto no tiene vuelta atrás”.

“Si abandonaran el país y fueran a otro país, que hay muchísimos con los cuales España tiene tratados de cooperación en materia penal, y se pudiera autorizar una extradición, por ejemplo si viajara a un país europeo, cualquiera de estos querellados sería detenido y extraditado a España”, dijo Esteve.

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