El Fracaso De La Política China En Tíbet Es “Contraproducente”
Public Service Europe
Por Sophie Richardson
25 de marzo de 2013
¿En qué medida el gobierno chino quiere detener realmente las autoinmolaciones tibetanas? Un activista sugiere que la retórica de Beijing no se corresponde con la realidad de los draconianos programas políticos.
Al escuchar a los altos oficiales chinos hablar de “inocentes” que mueren en las llamas, tú podrías pensar que el gobierno está realmente preocupado. Incluso mientras las voces de Beijing culpan al Dalai Lama, el líder espiritual de los tibetanos, de que las inmolaciones son más estridentes y más frecuentes, ellos han ofrecido comparativamente una retórica más suave para los que han muerto. Pero examinando la respuesta política de Beijing en las áreas tibetanas, presenta un panorama diferente.
Hay muy poca evidencia de que Beijing está abordando las razones expresadas en las inmolaciones: el deseo de libertad religiosa, de independencia o autonomía, del regreso del Dalai Lama, entre otros. Tampoco hay ninguna señal perceptible de reparación para los tibetanos, la que en ocasiones ha habido para otros en China, que se han autoinmolado por cuestiones como desalojos o disputas de tierras.
En el Tíbet, la estrategia del gobierno central es ahora totalmente inequívoco: vigilancia y represión de toda disidencia. Durante el año pasado, las autoridades de las áreas tibetanas han enjuiciado a personas que parecen haber hecho poco más que hablar de las inmolaciones, por cargos de incitación. Algunos familiares de personas que se han inmolado han sido separados de los beneficios del Estado y existen fuertes restricciones sobre la capacidad de los tibetanos para moverse dentro de la región o comunicarse entre ellos o con los que están fuera del Tíbet.
Más alarmante aún, nuestra investigación muestra que a pesar de la falta de cualquier amenaza organizada o incluso a pequeña escala a los funcionarios, la propiedad del Estado, o incluso el orden público, el gobierno chino ha expandido radicalmente su aparato de seguridad y vigilancia en la región. Mientras el mismo sistema se está aplicando en todo el país, aumentando las ya amplias inquietudes sobre la sospecha con la que el gobierno chino ve a toda su población, el Tíbet está siendo tratado más duramente.
Los actos de violencia de los tibetanos están dirigidos solo a sí mismos. La reacción de Beijing podría ser apropiada si Tíbet se enfrentara a una ola de crímenes masivos o a una insurgencia armada, pero está claro que no lo hace. En febrero, Yu Zhengsheng, el más alto funcionario chino para la política del Tíbet, anunció que la "red" del sistema se expandiría a través de la comunidad autónoma. Los medios de comunicación estatales caracterizan al sistema de proporcionar una mejor prestación de los servicios públicos, como la educación y la atención médica. Tal vez, pero el sistema también tiene un claro componente de vigilancia extraordinaria y se describe explícitamente como sirviendo al objetivo orwelliano de "mantenimiento de la estabilidad".
Se establece una nueva administración de base, explícitamente con la tarea de recopilar y catalogar una amplia información personal acerca de la gente del barrio, especialmente aquellos conocidos por haber sido presos políticos, o de haber regresado de su exilio en India. El gobierno central también ha apoyado el establecimiento de más de 600 nuevas comisarías y brigadas de voluntarios conocidos como "patrullas de Brazalete Rojo" en las áreas tibetanas, una región ya saturada de fuerzas de seguridad.
Estos policías están utilizando las computadoras y equipos de video para rastrear los movimientos de los individuos y hemos documentado intrusivos registros domiciliarios. La ley china no prevé voluntarios que participen en dichas actividades y muchos de los que integran el personal del sistema de la "red" y de los patrullajes son miembros del Partido Comunista Chino. Como tales, ellos tienen que declarar explícitamente su oposición a una mayor autonomía - entre otras cosas – planteando interrogantes sobre si los criterios políticos en vez de los legales servirán de base para la vigilancia, búsquedas, o detenciones.
Los gobiernos están obligados a mantener el orden público, sin embargo, esto debe equilibrarse con la protección de los derechos de la gente a decir lo que piensa o reunirse pacíficamente. Incluso en los casos en que esos derechos están bien protegidos, las autoridades deben dar las razones, por lo general ante un juez, de que un grado especialmente alto de vigilancia es necesario. Estos procesos y protecciones se echan de menos en las áreas tibetanas.
El gobierno chino - a diferencia de muchos académicos chinos – básicamente parece no dispuesto o no capaz de reconocer a cualquier nivel que sus políticas hacia las regiones de minorías étnicas han fallado. Los enormes subsidios y el desarrollo de infraestructura, impuestos sin el paso clave de asegurarse el apoyo de la gente, como era de esperar no han comprado la lealtad. Movimientos sin precedentes, en particular de los nómades, bajo el disfraz de la protección del medio ambiente y de proporcionar un mejor acceso a los servicios públicos, puede decirse que han profundizado el resentimiento en la región.
La devoción de Beijing por demonizar al Dalai Lama logra poco menos que alienar a los tibetanos. Imponer unilateralmente a los tibetanos el modelo de vida que Beijing quiere - de una sociedad “moderna”urbanizada, monetizada y secular - está demostrando ser una estrategia perdedora. La imposición de Beijing de la "red" muestra su intención de redoblar la apuesta en vez de cambiar de rumbo.
El rechazo voluntario a ver a los tibetanos como gente que quiere vivir de manera diferente y tienen todo el derecho de hacerlo - no como insurgentes, criminales o separatistas -es en última instancia, contraproducente. Si Beijing quiere detener a los 'inocentes' tibetanos de inmolarse, debe cambiar de rumbo y relajarse. La violencia autoinfligida puede disiparse si hay esperanza. Algo que Beijing desde hace mucho tiempo está atrasado en entregar a los tibetanos.-
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